Cuando el senador estadounidense Lamar Smith retiró el proyecto de ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y a su hermana menor, PIPA (Protect IP Act) igualmente en la congeladora, el Internet pareció tomar un momento de respiro.
Sin embargo, el entusiasmo podría olvidarse muy pronto: existe un tratado internacional llamado ACTA que se ha estado preparando por lo menos desde 2008, y cuyas consecuencias, de aprobarse en unos días, podrían ser desastrosas.
ACTA son las siglas de Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial contra la Falsificación. Al igual que ocurrió con SOPA, la idea principal de este tratado parece positivo a primera vista: su objetivo es crear un marco legal para la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. La falsificación que pretende prevenir (aunque falsificar es una palabra que no concuerda con el funcionamiento del Internet) no se limita a software, también abarca bienes físicos, productos, marcas registradas e incluso medicinas.
ACTA es un proyecto para prevenir el contrabando ilegal de propiedad intelectual y física a nivel global y se trata de un acuerdo global al que los países pueden unirse de manera voluntaria.
Durante 2008 y 2009 ocurrieron filtraciones que permitieron saber que ACTA tiene cláusulas donde se entiende que los proveedores de servicios de Internet deberán intervenir las comunicaciones de sus usuarios, si se sospecha que alguno está enviando o recibiendo material protegido por derechos de autor. De no hacerlo, los proveedores de servicios de Internet (ISP) podrían enfrentar cargos penales. Esto genera un panorama donde podrían haber claras violaciones a los derechos digitales de los usuarios, así como a la privacidad de las comunicaciones a través de la red.
Por desconocimiento.
A través de las redes sociales han circulado vídeos y artículos desde hace un par de años relativos a la naturaleza de esta ley, sin que la gente normal o los usuarios a internet se manifestaran conscientemente de su contenido. Si algún mérito tuvo el escándalo de SOPA fue el de alertar a los usuarios de que este tipo de leyes podría afectarlos sin importar el país de residencia.
Al menos leyes como SOPA, así como la llamada "Ley Döring" en México, la "Ley Lleras" en Colombia y otras similares en varios países, permitían que los ciudadanos de los Estados ejercieran su derecho a participar en el desarrollo de la ley escribiendo a congresistas y senadores sobre su desacuerdo para apoyarlos. Pero ACTA es un acuerdo internacional "descentralizado" aunque su aprobación o desaprobación recae mayormente en el Parlamento Europeo, que no permite dirigirse a una instancia específica para establecer alguna suerte de diálogo entre los legisladores y la sociedad civil. Ha habido comités de asesoría, pero con poca o nula participación de los más afectados: los usuarios.
A diferencia de SOPA, que estuvo a la mano de la oposición pues casi desde que se empezó a establecer, ya se conocían los pros y contras de su aprobación, por ello tuvo fuerza el movimiento de la gente, mientras que ACTA, nace bajo una manta que lo oculta y que fue develada gracias a que algunos cables fueron difundidos por WikiLeaks. No se sabe a bien de qué tratan las reuniones y los protocolos, pues son un secreto. Desde el 2006 se viene trabajando un borrador normativo, y aunque la finalidad es combatir la piratería, si se analiza más a fondo es una forma de manipular a internet con fines únicamente económicos y de control de las grandes empresas transnacionales.
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